“La Sosa Nostra”, de la tragedia al reagrupamiento político con Morena
Hace cuatro años el exrector de la UAEH Gerardo Sosa Castelán fue acusado de defraudación fiscal. Ahora, después de librar el cargo e interponer amparo contra otra acusación se atribuye la operación de la consulta de revocación en Hidalgo y se alista para acomodarse en un eventual gobierno morenista
Hace cuatro años el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, fue acusado de defraudación fiscal, se le abrió una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y uno de sus hijos fue asesinado. Ahora, después de librar el primer cargo e interponer amparos contra el segundo, el jefe del Grupo Universidad se atribuye la operación de la consulta de revocación de mandato en su entidad y se prepara para acomodarse en un eventual gobierno morenista en Hidalgo.
HIDALGO (proceso).- En febrero de 2018 Gerardo Sosa Castelán temía un atentado. Acababa de renunciar al PRI, en el que había militado más de 40 años, y a través del cual se hizo del control político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). De cada administración priista había obtenido réditos políticos: alcaldías, diputaciones y el coto de poder en la institución educativa.
Lo que vino después parecía una herida letal: cuentas suyas y de la casa de estudios fueron congeladas, mientras él era acusado de ser el cerebro de una maquinaria de corrupción dedicada a sustraer recursos de la universidad. La alerta venía del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; a la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevaba su propia investigación.
Faltaban los golpes más letales: el asesinato a tiros de su hijo y el encarcelamiento del propio líder político.
Ahora, cuatro años después, ese pasado parece muy lejano: primero Sosa Castelán libró un proceso por defraudación fiscal, luego abandonó la cárcel del Altiplano para llevar en su domicilio el proceso por lavado de dinero por 58.2 millones de pesos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR). Su grupo estuvo a cargo de la operación política para la revocación de mandato y, ahora, sumados a la campaña del candidato de Morena a la gubernatura, Julio Menchaca Salazar, apuntan a integrarse a una eventual administración estatal.
A la par, la parentela de Sosa recibió beneficios fiscales, incluidos los de una empresa que, según la FGR, participó en lavado de dinero. Buscan sacar del gobierno al PRI, que los creó, y ellos mantenerse en el poder.
Cuando estaba en prisión, acusado del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del líder del denominado Grupo Universidad, Fernando Ríos Maqueda, extrabajador de esta familia en el rancho Yemila, en Acaxochitlán, contó a Proceso que tras renunciar al PRI en febrero de 2018 el exrector contrató seguridad privada para él, sus hijos, hermanos y personas más cercanas, así como para sus propiedades, porque temía un ataque del poder político al que antes perteneció.
El presagio se cumplió: el 23 de febrero de 2019 su hijo Gerardo Sosa Cravioto sufrió un atentado a tiros en el crucero de Santa Ana Tzacuala. Las balas penetraron el tórax y el abdomen. Aunque fue trasladado a una clínica privada, no sobrevivió.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2374 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.
