SEV, salta la corrupción
En La Mira, por Silverio Quevedo
El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, cada vez adquiere más reflectores. Su imagen parece ser una de las más volátiles, tanto sube como baja con una gran facilidad.
Hoy, con una declaración y sellar una negociación con alguno de los múltiples sindicatos que aglutina el monstruo que es el sistema educativo en Veracruz alcanza bonos importantes, que mañana se desploman por un sospechoso actuar, por nepotismo o amiguismo al colocar funcionarios en sitios estratégicos para cuidar de los intereses que representa la dependencia.
Francisco Báez Castillo ha saltado al redondel. Se le ubica como el recolector de los “moches”. Y es que se revela en algunos medios de la capital, incluso los portales lo reproducen una y otra vez, sobre su misión oscura en la SEV, siendo que como reza el refrán cuando “el río suena, agua lleva”.
Los famosos “moches” en las cooperativas, cobro por cambio de adscripciones, plazas y trámites que tengan que llevar el aval del secretario, son las “funciones” encomendadas. Lo malo de esto, la cercanía con la que lo tiene Zenyazen.
Que si sabe de eso, Paco Báez, dicen los analistas, que cuando estuvo en el PRI, era su fuerte, siendo secretario de la Junta de Coordinación Política “cuidaba” de los municipios, para cobrar a los alcaldes por sus gestiones.
Luego, al lado del priista, Fernando Kuri, aseguran, los jugosos dividendos se daban producto de cobrarle a los alcaldes negociar y “ayudarlos” con la Comisión de Vigilancia y en Fiscalización enderezar las cuenta públicas respectivas.
Báez no aguantaría una investigación del Orfis o de la Fiscalía anticorrupción, si como el Ministro que compró una residencia de 17 millones, éste también tiene una propiedad, guardando las proporciones, en el exclusivo fraccionamiento Montemagno en Xalapa.
Se presenta pues como el corredor del secretario, dice tener toda la autoridad para las negociaciones, y al momento, cumple en lo dicho, lo que hace suponer que está bien “parado”, quizá lo haga a espaldas de Zenyazen, a quien le deben estar pasando de humo el asunto, o en caso contrario, deben pasarle “copia” para que Báez tenga tanta libertad.
Lo más grave es que alertan sobre posibles denuncias en contra del oscuro personaje y hasta de acoso contra personal femenino de la institución. Y lo malo es que le puede salpicar al titular de la secretaría, si es que las formas no se cuidan.
MUY EN CORTO
LOS YUNISTAS QUE SIGUEN. Durante la participación del presidente de la comisión de Vigilancia en el Congreso Local, Eric Domínguez Vázquez, en la última edición del programa A Ocho Columnas de RTV dieron unas pistas de lo que sigue en materia de la rendición de cuentas del bienio yunista que comenzó el pasado viernes con la liberación de cuatro órdenes de aprehensión a ex funcionarios de Sefiplan.
Por ejemplo uno de los hilos conductores de la corrupción llevan al presunto daño patrimonial en la Secretaría de Seguridad Pública, cercano a los mil 100 millones de pesos por el tema de las cámaras de videovigilancia, y ahí tendrá que responder el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.
Además, el programa social de la administración que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, “Veracruz comienza contigo”, tiene muchas observaciones por daño patrimonial que será muy difícil que las anteriores autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo puedan solventar.
El legislador papanteco, al referirse a otras dependencias, señaló que las que más observaciones tienen son la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), y la Secretaría de Salud.
Llama la atención el señalamiento de que en la Fiscalía General del Estado que encabezó Jorge Winckler Ortiz también detectaron daño en los bienes inmuebles, pagos en exceso y parque vehicular, y en general hay fuertes observaciones que se le van a imputar a Winckler Ortiz, ex fiscal que hoy es prófugo de la justicia, quien está acusado del delito de tortura.
