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jueves, mayo 2, 2024
Nacional

Proponen la creación de juzgados especializados en violencia familiar

Se trata de una pequeña reforma al Poder Judicial para agilizar y garantizar la impartición de justicia a mujeres víctimas de violencia y sus hijos

Nélida Díaz, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) para crear juzgados especializados en violencia familiar, ello para garantizar la protección de mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) para que se puedan crear y poner en funcionamiento estos juzgados con una visión moderna respecto a este aliciente social.

¿Cómo crear juzgados especializados en violencia familiar?

De acuerdo con lo planteado por Díaz Tejeda, mediante la promoción de un acuerdo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podrá crear órganos jurisdiccionales especializados en violencia familiar.https://d-30387014622143808923.ampproject.net/2403072016000/frame.html

Estos órganos podrán asumir dicha función, si y sólo si cuentan con la formación, capacitación y especialización necesarias para tal efecto. Al respecto, la priista especifica que los jueces especializados en violencia familiar tendrán competencia mixta, por lo que conocerán de las materias familiar y penal, con las facultades y atribuciones que la legislación aplicable les confiere.

Asimismo, se planea que la ubicación de estos juzgados atienda a la demanda nacional, pues la creación de éstos se realizará conforme a las necesidades y demandas específicas de cada jurisdicción, con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial en materia de violencia familiar.

Se espera ayudar a mujeres con juzgados especializados Foto: Pixabay

Con la creación de los Jueces de Distrito Especializados en Violencia Familiar, explicó la diputada, se espera garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos fundamentales de las víctimas de violencia familiar.

Además, esta figura tendrá las atribuciones de conocer de la violencia familiar y delitos que sean cometidos contra la mujer por parte de quien tenga una relación emocional y/o afectiva a cualquier nivel (cónyuge, concubina, relación de pareja o sociedad en convivencia) vigente o terminada.

Con el mismo criterio, aplicará para cualquier parentesco consanguíneo o colateral sin límite de grado o cuando los hijos de las mujeres víctimas de violencia, se encuentren sujetos a la custodia, guarda, protección, educación o cuidado del presunto agresor.

¿Cómo actuarían los jueces especializados?

Respecto a la materia familiar, estos jueces podrán conocer y resolver casos en que se advierta la probable existencia de violencia contra la mujeres, niños, niñas o adolescentes, por lo que deberá establecer las medidas preparatorias, cautelares y provisionales reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Esto quiere decir que, en caso de aprobarse esta iniciativa, las mujeres podrán extender sus derechos en protección de ellas mismas y de sus hijos si es que son violentados en el hogar, ya sea por el padre, esposo o cualquier persona con la que se tenga convivencia.

Finalmente, en materia penal, los juzgadores deberán conocer del procedimiento penal del sistema acusatorio y oral regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales para atender casos de delitos de peligro para la salud personal, contra la libertad y seguridad en el desarrollo psicosexual de personas menores de edad, contra la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo de la personalidad, contra la vida y la integridad corporal, y contra el patrimonio.

Asimismo, de acuerdo al caso, podrán establecer medidas cautelares en razón de las medidas de protección que necesite la mujer o sus hijos y, en teoría, permitirá atender y resolver de manera integral y con mayor calidad, celeridad, y eficiencia los casos de violencia familiar, evitando la revictimización.

Con esto en mente, también se promueve el acompañamiento de la víctima, ello para garantizar el máximo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que atraviesan una situación donde vean en riesgo o vulnerada su integridad.

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