Libres ex funcionarios duartistas por pifias del fiscal Winckler

Agencia RTV

 

Xalapa, Ver.- Un rotundo fracaso ha sido Jorge Winckler Ortiz en su función como Fiscal General del Estado, principalmente porque en casos de sumo interés para la sociedad veracruzana como lo es la detención de exfuncionarios duartistas, en su mayoría han salido libres debido a la mala integración de las carpetas de investigación o la fabricación de pruebas falsas para imputarles delitos que, se supone, no han cometido.
Quienes fueron encarcelados y ahora continúan su proceso en libertad o ya fueron exonerados de algún delito son: Leonel Bustos Solís, Mauricio Audirac Murillo, Francisco Valencia García, César Augusto Morando, Arturo Bermúdez Zurita, Gina Domínguez Colío, Flavino Ríos Alvarado y Juan Antonio Nemi Dib.
Prácticamente todos los involucrados han acusado a Winckler Ortiz de revanchismo político por instrucciones del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien también lo han señalado de montar shows mediáticos para abonar a la causa de su hijo del mismo nombre, quien contendió y perdió la gubernatura del estado.

Leonel Bustos (Seguro Popular)
El primero en dejar la prisión fue el doctor Leonel Bustos Solís, ex titular del Régimen Estatal en Protección Social en Salud, quien fue acusado por la Fiscalía General del Estado y su titular Jorge Winckler Ortiz, de desviar 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para el Seguro Popular y el programa Oportunidades.
Bustos Ortiz fue ingresado a prisión preventiva el 20 de enero del 2017, acusado de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias, delitos que, de acuerdo a especialistas, no están tipificados como graves, por lo que un juez federal dictó su libertad mediante una suspensión provisional.

Flavino Ríos Alvarado (ex gobernador)
Después de pagar 5 millones de pesos y dejar su pasaporte en garantía, el exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, continuó su proceso en libertad una vez que el juez de control decidiera cambiar la medida cautelar, para que, después de haber estado bajo arresto en un hospital, regresara a su casa con una medida cautelar distinta.
Ríos Alvarado fue acusado de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento. Fue el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien acusó a Ríos Alvarado de ayudar a huir a Javier Duarte de Ochoa, con el préstamo de un helicóptero.

Mauricio Audirac (SEFIPLAN)
El 3 de diciembre del 2018, el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, quedó en libertad condicional y continúa su proceso desde su domicilio.
El ex funcionario fue acusado de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, abuso de autoridad y peculado, siendo detenido el 17 de marzo del 2017 en la ciudad de Puebla.
Audirac Murillo promovió un amparo en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito, por lo que la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, ordenó a dirección del penal de Pacho Viejo para que liberaran al ex titular de la Sefiplan.

Francisco Valencia (CAEV)
Por su parte, Francisco Valencia García, ex director de la Comisión Estatal de Agua de Veracruz (CAEV), fue detenido el 31 de marzo de 2017 acusado por los presuntos delitos de abuso de poder, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias, coalición y desfalcó de más de 400 millones de pesos destinados a obras hidráulicas.
Sus abogados argumentaron que habían cambiado las condiciones por las que fue impuesta la prisión preventiva, por lo que la juez Alma Aleida Sosa Jiménez modificó sus medidas cautelares y Valencia García continúa su proceso en libertad.

César Morando (constructor Torre Pediátrica)
En el caso del constructor César Augusto Morando Turrent, acusado de posible fraude al erario por un monto de 75 millones de pesos, para la construcción de la Torre Pediátrica de Veracruz, también consiguió un amparo para que se le cambiara la medida de prisión preventiva por una domiciliaria.
Él fue detenido en julio del 2017 y después de permanecer cerca de 16 meses en prisión, logró un amparo federal que obligó a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez a cambiar las medidas cautelares, pagando una sanción económica y firmando cada semana en el juzgado.

Arturo Bermúdez Zurita (SSP)
El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, también consiguió un amparo con el que la jueza responsable de su caso, modificara la medida preventiva de prisión que le había impuesto. Lo anterior se derivó una vez se concluyera que el delito de desaparición forzada que se le imputa, no está considerado en la Constitución como parte de los ilícitos que ameritan prisión preventiva automática.
Fue detenido el 3 de febrero del 2017 y dejó la prisión el 5 de diciembre del 2018, pagando un millón de pesos, entregando su pasaporte y asistiendo cada ocho días al penal de Pacho Viejo para firmar. Su proceso lo lleva en libertad.

Gina Domínguez (CGCS)
En febrero del presente año, Gina Domínguez Colío, ex coordinadora de Comunicación Social logró continuar su proceso en arraigo domiciliario; ella está acusada de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legar y coalición en agravio del servicio público.
La jueza Mónica Segovia concedió el amparo debido a que la ex funcionaria padece problemas de salud, por lo que determinó no regresarla al penal de Pacho Viejo.

Juan Antonio Nemi Dib (SS)

El ex secretario de Salud en la administración de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi Dib, obtuvo su total libertad al determinar el juez, Francisco Javier Hernández Lima, su no vinculación a proceso, por lo que ha quedado libre de todo delito.

Nemi Dib fue acusado y arrestado en el año 2017 por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad, al ser señalado de irregularidades detectadas en la construcción de la Torre Pediátrica ubicada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y cuyo monto fue de 30 millones de pesos.

Luis Ángel Bravo (FGE)
Hasta el momento, el único de los llamados “peces gordos” que aún continúa en el penal de Pacho Viejo, es el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, acusado del presunto delito de desaparición forzada de personas, entorpecer investigaciones y alterar datos.