La región de las Américas continúa siendo la más letal para defensores de derechos humanos: Amnistía Internacional

También es la que tiene más muertes causadas por la Covid-19 debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria

En su Informe «La situación de los derechos humanos en el mundo«, Amnistía Internacional señala que durante la pandemia de Covid-19, países de América «llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia en lugar de abordar las arraigadas desigualdades socioeconómicas para ofrecer una recuperación justa».

También indica que la región sigue siendo la más letal para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental. Detalló que en enero de 2022 se cometieron al menos 20 homicidios y el año pasado se perpetraron decenas más en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela.https://a5ef23e3bd0915cf37ede65cf4dbb43d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0

Detalla que dos años después de empezar la pandemia, sigue siendo la región con más muertes causadas por la Covid-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas.https://d-8521444401147908563.ampproject.net/2203101844000/frame.html

Destacó que la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial.https://a5ef23e3bd0915cf37ede65cf4dbb43d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0

“Es intolerable y una vergüenza que, en lugar de abordar las injusticias y las arraigadas desigualdades que afectan a las Américas desde hace generaciones y que agravaron el impacto de la pandemia, muchos gobiernos hayan tratado de silenciar y reprimir a quienes protestan pacíficamente y alzan la voz para reclamar un mundo más seguro, más justo y más compasivo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De acuerdo con su informe, la región de las Américas ha alcanzado el segundo índice de vacunación per cápita más alto del mundo, con Cuba y Chile a la cabeza al vacunar a más del 90 por ciento de sus poblaciones; sin embargo, el acceso desigual en la región ha debilitado la protección de países como Haití, donde a 10 de marzo de 2022 se había vacunado a menos del 2 por ciento de la población.

En cambio, países como Estados Unidos y Canadá acumularon más dosis de las que necesitaban mientras miraban hacia otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas.

Amnistía Internacional indicó que incluso antes de la pandemia, las Américas tenía los índices más altos de disparidad de ingresos del mundo, por lo que la recuperación económica irregular del continente el año pasado tuvo poco impacto en las consecuencias de décadas de desigualdad estructural y resultó insuficiente para revertir la recesión económica de 2020, que provocó tasas de desempleo récord, la disminución de ingresos y el aumento de la pobreza.

Por otro lado, los esfuerzos para acallar las voces independientes y críticas cobraron fuerza en 2021 al desplegar los Estados un abanico creciente de herramientas y tácticas como las amenazas, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de motivación política, los enjuiciamientos infundados, la vigilancia ilegítima, el uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas y los homicidios ilegítimos para reprimir los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Además, el racismo y la discriminación seguían estando extendidos en toda la región, donde el acceso insuficiente al agua, el saneamiento, los servicios de salud y las prestaciones sociales agravó el impacto de la pandemia sobre todo en los pueblos indígenas.

Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela continuaron permitiendo el desarrollo de importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, y a veces a pesar de las órdenes judiciales de suspender las operaciones.

Respecto al Cambio Climático, refiere que si bien hay a ciertos progresos, las acciones siguieron siendo limitadas, por ejemplo en Brasil. Bolsonaro continuó fomentando la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonía, lo que agravó el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y dio pie a acusaciones de genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional y México, que ocupa el puesto número 11 de los emisores de gas de invernadero, y no presentó nuevos objetivos de reducción de emisiones en la COP26.

La violencia de género sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación en toda la región, donde las medidas para proteger a las mujeres y las niñas son insuficientes, y las investigaciones sobre la violencia de género intrafamiliar, las violaciones y los feminicidios fueron a menudo deficientes, por ejemplo México registró 3 mil 716 homicidios de mujeres en 2021, de los que 969 fueron investigados como feminicidios, mientras las fuerzas de seguridad mexicanas usaban fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual contra las mujeres que protestaban. Tanto en Paraguay como en Puerto Rico se declaró el estado de emergencia debido al aumento de la violencia contra las mujeres; también hubo un incremento significativo de este tipo de violencia en Perú y Uruguay.

Finalmente, señala que el aborto sin riesgos seguía criminalizado en la mayoría de los países y en El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y la República Dominicana, se mantenía la prohibición total del aborto. En Estados Unidos, varios gobiernos estatales introdujeron más restricciones al aborto que en ningún otro año y Texas promulgó una prohibición casi total que criminaliza el aborto a partir de sólo seis semanas de embarazo.