Juez y parte

De ahí la conveniencia de la cuarta transformación de tener un presidente a modo de la Suprema Corte

Después de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara las leyes reglamentarias al Poder Judicial de la Federación, entre las que postula la extensión del periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el juez Arturo Zaldívar, respondió en un comunicado que seguramente el artículo transitorio que contempla dicha modificación puede ser impugnado y enviado a la  Corte para ser revisado por los ministros, quienes decidirán si es o no constitucional y será hasta ese momento en el que tomará una postura al respecto.

Como era de esperarse, el silencio previo a este anuncio por parte del juez Zaldívar dio cabida a suspicacias de quienes, incluso, llegan a aseverar que se trata de una ruta hacia un proyecto dictatorial en donde la conjunción de los poderes del Estado privilegia el gobierno de uno. En ese sentido, es importante distinguir que el artículo transitorio en cuestión no se evalúa aún dentro de los mecanismos del sistema institucional y que aún puede ser revocado.

No obstante, las repercusiones que la modificación de este artículo transitorio puede traer son importantes. En principio, se trata de la extensión inconstitucional del mandato del presidente de la corte porque el Congreso no tiene facultades para nombrarlo, decidir el tiempo en el que se desempeñe en el cargo ni tampoco realizar cambios a la Carta Magna por designio.

El problema es que si ante esta decisión tomada en la Cámara Baja se interpone una acción de inconstitucionalidad que no consiga los votos suficientes en contra, la decisión se mantendría, generando un precedente en el que las decisiones presidenciales, incluso sin la mayoría calificada, pueda influir directamente en el texto constitucional. De ahí la conveniencia de la cuarta transformación de tener un presidente a modo de la Suprema Corte.

Pareciera no ser ilógico creer que el juez Zaldívar se ha sumado al bloque político del presidente López Obrador. Esto nos ayudaría a entender la lógica que hay detrás de estas polémicas decisiones. Basta con escuchar las declaraciones del presidente estando de acuerdo en extender el periodo del juez, si es que ello conviene a sus planes. Va más allá de una exigencia o asunto pendiente con la población, se trata del interés político de un poder del Estado que busca ejecutar su agenda sin contratiempos ni oposiciones.

Esta situación se tendría que interpretar como un conflicto de interés. Se está poniendo en duda la imparcialidad e independencia de poderes, cuando en varias ocasiones los jueces de la máxima instancia judicial han demostrado afinidad con la cuarta transformación. Además de tratarse de una modificación constitucional, es una reforma que beneficia directamente al juez presidente. No se puede hablar de un garante de la Constitución, cuando hay un intento claro por violarla en beneficio propio.

No es una reforma que coadyuve a mejorar de fondo el sistema judicial de la nación, es una propuesta personal, basada en la “necesidad” de que solamente dicho juez puede conseguir lo que se necesita para avanzar los temas pendientes de la agenda.

Se trata de un tema importante, hablamos de los criterios de separación de poderes y la defensa de la Constitución ante la incapacidad del gobierno en turno de justificar jurídicamente sus acciones. Parece que no se han dado cuenta que ya su labor se centra en cumplir y hacer cumplir las leyes que nos dan certeza jurídica y gobernabilidad.

POR AZUL ETCHEVERRY
AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM 

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