Denuncian corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
CARLOS VALIS/CALOR NOTICIAS
Tuxtepec, Oaxaca.-En el seguimiento del caso de destierro de una familia, por negarse a pagar diez pesos, para gastos de pago del programa extinto Oportunidades, en la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, los afectados denuncia corrupción en el proceso de reincorporación por parte de la Fiscalía General del Estado.
Dionisio de la Cruz Méndez, uno de los afectados, señaló que el 28 octubre de 2015, 4 personas de su familia fueron desplazados de su comunidad.
Se trata de su papá Irineo de la Cruz Justo, sus hermanos Adrián y Fidel, su difunta madre Florencia Méndez Pacheco, Esmeralda Martínez Acevedo y 4 menores de edad.
Todo ocurrió, porque su difunta madre en ese entonces era beneficiaria del programa Oportunidades, del gobierno federal, y se negó a pagar diez pesos, lo cual molestó a las vocales del programa.
Posteriormente se quiso salir del programa, por lo que culparon en primera instancia a uno de sus hermanos por supuestamente haberla influenciado.
Comenzaron a cobrarle intereses del adeudo, que creció a 45 mil pesos con el correr del tiempo. Uno de sus hermanos afirmó el entrevistado que fue detenido tras quejarse que la multa era excesiva, por lo que fue privado de su libertad durante 4 días. Todo esto ocurrió durante la gestión como autoridad de la comunidad del entonces agente, Emilio Guatemala Pacheco. Por estos hechos están vinculadas a proceso 21 personas.
Los diez pesos eran porque la dependencia que hacía los pagos dejaba una máquina terminal, y la cooperación era para pagar el traslado a Pueblo Nuevo, donde se encontraban las oficinas de Oportunidades, y costaba 300 pesos.
“Con tal de solucionar el conflicto, pedimos el respaldo del Poder Judicial. El juez, el 2 de agosto de 2018 determinó y dictó la resolución para el retorno pacifico a la comunidad de origen, de los desplazados”, detalló el quejoso.
Pero los inconformes, que fueron vinculados a proceso, pusieron su queja ante la sala indígena del Tribunal de Justicia del Estado, pero el tribunal resolvió que es justa la medida que obtuvieron los exiliados, con el juez de control, por lo tanto, el Estado y la Fiscalía debían seguir trabajando para la reincorporación.
Agregó que la sala cometió el error de suspender el proceso: “Ha habido irregularidades, actos de corrupción de la Fiscalía del estado de Oaxaca, no sigue instrucciones del Poder Judicial ni del Tribunal Superior, todo lo maneja de forma política”.
Señaló Dionisio de la Cruz Méndez: “Para combatir eso, promoví un amparo, denuncié que la Fiscalía lleva un mal proceso, el juez de distrito me concedió el amparo”
Detalló que el juez de control fijó el plazo de dos meses para que la familia se reincorporara, pero la Fiscalía ha desacatado la orden por motivos de corrupción.
“Persiste la mala voluntad y mal manejo del proceso por parte de la fiscalía”, dijo finalmente, pues el plazo se abrió el 7 de febrero y cerró el 7 de abril de 2018.
