Colosio: misterio sin resolver

Han pasado ya 27 años desde aquella tarde en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Son esos mismos 27 años en los que se ha investigado, en casos de llegar al ridículo, y ese crimen sigue sin esclarecerse.

Entre la incertidumbre, el miedo y el coraje, la multitud golpeaba a un joven de 25 años, era Mario Aburto Martínez, el único detenido y sentenciado hasta el momento por el magnicidio en contra de quien, para muchos, representaba un cambio de rumbo en el país.

Desde el inicio las investigaciones las críticas fueron constantes y la poca credibilidad hacia las autoridades generó desconfianza.

Y es que, desde su detención, Mario Aburto aseguró haber disparado únicamente en la cabeza, pero el cuerpo del candidato presentó otra herida de bala en el abdomen. El arma, una Taurus calibre .38.

Faltaban cinco minutos para las siete de la noche cuando la trágica noticia se dio: Luis Donaldo Colosio fue declarado muerto.

Su muerte dejó a una esposa que, con la tragedia, mostró su verdadero carácter. A dos niños huérfanos y a un país completamente desconsolado, que aún revisa y recuerda ese 23 de marzo.

Poco después fallecería de cáncer su esposa, Diana Laura Riojas.

Además de Aburto, se dijo que presuntamente participaron otros seis hombres, que formarían parte de lo que se conoció como “la teoría de la acción concertada”, una teoría que, para muchos, fue calificada como absurda, y que meses después del magnicidio se puso en duda, por lo que los involucrados fueron liberados.

Entre los conspiradores señalados estuvo Othón Cortés Vázquez, quien trabajaba como chofer en el equipo de campaña de Colosio, pero tras las presuntas investigaciones fue señalado como el segundo tirador. Por ello, lo detuvieron en enero de 1995 y estuvo 12 años recluido en el penal de Almoloya, hoy conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

Cortés denunció al entonces Fiscal del Caso Colosio, Pablo Chapa Bezanilla, de someterlo a torturas para declarar su presunta responsabilidad.

En 2019, al cumplirse 25 años del asesinato, Cortés declaró a la prensa que interpondría una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esperaba del Gobierno de México una reposición de daños y una disculpa pública.

Por desgracia, Othón murió en 2020 de un infarto al corazón y sus reclamos no procedieron. Y pasó años en el reclusorio antes de ser liberado, acusado por un crimen para el que se buscaron culpables, pero que nunca se pudo esclarecer.

Y es que Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa Bezanilla eran los tres fiscales especiales que atendieron el caso Colosio. Bezanilla, incluso, pese a las dudas de su actuar en el caso Colosio, tuvo una nueva oportunidad seis meses después. Era esclarecer el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en la Ciudad de México.

Pero Pablo Chapa Bezanilla, el entonces fiscal, buscó culpar a Manuel Muñoz Rocha, un político de esa época. Para hacerlo, incluso contrató los servicios de una vidente, Francisca Zetina, La Paca, quien desenterró una osamenta en un rancho de Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Supuestamente, ahí enterrados estaban los restos de Muñoz Rocha, para acusar a Raúl Salinas de haber asesinado a Muñoz Rocha.

Y es que, sin presentar una sola prueba contundente, la entonces Procuraduría General de la República le pagó cuatro millones de pesos por su ayuda. Y ella inventó historias que incluyeron la exhumación de huesos de sus familiares para hacerlos pasar por los de un legislador que era buscado por el caso Ruiz Massieu.

La tragedia

Toda esta historia perdió toda veracidad cuando se supo que en realidad la osamenta era de un pariente de la vidente.

Así que se siguió el caso. En ese entonces también se culpó a Raúl Salinas del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, y también estuvo años en la cárcel. Tampoco se pudo comprobar quién fue el autor de ese asesinato.

De ese tamaño era la desesperación de algunos funcionarios para dar carpetazo a lo que acontecía que, de una u otra forma, iban cambiando el rumbo político de México.

En el caso del priista Luis Donaldo Colosio, en el año 2000, la misma PGR, ya con otra administración, decidió reservar el expediente del magnicidio y declarar a “Mario Aburto como el autor material del crimen, que realizó sin fines políticos”.

Y nuevamente, en este año el caso resurgió. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, informó que, en el marco de sus atribuciones, atenderá la queja de los familiares de Mario Aburto por presuntas violaciones a derechos humanos.

Denuncian que en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, ubicado en Guanajuato, no se le brinda la atención médica ni la alimentación necesaria que requiere por las enfermedades crónicas que padece.

Además, señalan que es víctima de tratos crueles, inhumanos, degradantes y de tortura desde que fue capturado.

La Comisión menciona que atenderá el caso “a efecto de que el llamado caso Colosio sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte”.

El magnicidio sigue abierto, en medio de otras problemáticas que merecen mayor atención y que gritan afuera de Palacio Nacional.

Un magnicidio en donde nunca se investigó la verdadera vertiente, la cual pudo haber sido el narcotráfico a quienes les incomodaba Luis Donaldo Colosio.

Un crimen en el cual, a 27 años, se han fabricado culpables, pero no se ha hecho justicia. Hoy, de los actores principales, algunos han fallecido, otros forman parte de la política nacional, unos más nunca serán juzgados por este crimen.