Al no fincar responsabilidades por agresión a pensionados y desvíos del IPE, FGE incurre en dilación y omisión: COPIPEV
• Hay evidencias sobradas y no determina si hay o no delito que perseguir; tiene hasta el 20 de este mes para pedir al Juez de Control ejercer acción penal: Dolores Martínez
Irineo Pérez Melo.- A cinco años de haber interpuesto denuncias penales por las agresiones sufridas por reclamar el pago de sus pensiones y por el presunto daño patrimonial del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la Fiscalía General del Estado no ha fincado ningún responsabilidad en contra de quienes incurrieron en estos hechos.
Esto fue informado por Dolores Martínez Amilpa, presidenta de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), quien advirtió que incluso este organismo autónomo ni siquiera ha concluido la investigación respectiva, por lo que se recurrió a un Juez de Control para que se aplique la justicia restaurativa que permita la reparación del daño y sanear las finanzas del instituto.
En conferencia de prensa, recordó que, en todo este tiempo, la FGE no ha fincado responsabilidad en contra de exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa y al solicitar la intervención de un Juez de Control, éste resolvió que la Fiscalía incurrió en dilación como en omisión, declarando en 2019 un archivo temporal del asunto.
Ahora en 2021, se volvió a recurrir a un Juez de Control, porque ya es tiempo de que se determine si hay o no delito que perseguir. “Nosotros sostenemos que hay dilación, porque después de cinco años, hay pasado nuestra carpeta de investigación por seis fiscales, el último nombrado en marzo del presente año y todavía no termina de señalar si hay o no delito que perseguir”.
Insistió que hay dilación del organismo autónomo porque se tardaron en nombrar a peritos contables y esos se demoraron dos años en tener un dictamen contable, y lo que denunciamos es que, a más de cinco años, todavía desconocemos cuáles son las líneas de investigación que guían las pesquisas de la FGE ni las pruebas presentadas.
Ante esto, dijo, ya es tiempo de denunciar si hay o no delito que perseguir porque debemos encauzar la reparación del daño y mientras esto esté detenido no hay manera de conseguir esa reparación del daño, añadió.
Recordó que a seis años de sufrir la fuerte agresión por parte de elementos policiacos estatales, cuando protestaban por el incumplimiento reiterado del pago de sus pensiones, siguen esperando la procuración e impartición de justicia. “Se nos ofreció una disculpa pública, pero los responsables de la agresión siguen impunes”, abundó
Además, señaló que las evidencias del desfalco existen y pueden acusarse a los extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio N, y del IPE, Octavio Gil García.
Sin embargo, dijo, ninguna de las acusaciones hechas en su oportunidad los califica como presuntos responsables del daño patrimonial de 284 millones de pesos y de 2 mil 709 millones de pesos que fueron observados por parte del Órgano d Fiscalización Superior del Estado (Orfis) de la Cuenta Pública del 201|5, y por lo que se formuló dos denuncias penales en 2016 y 2017.
Además, el Instituto en su momento, denunció el incumplimiento de un deber legal con la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el gobierno estatal, sin el consentimiento del Consejo Directivo, como lo establece la ley, por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses.
Aunado a ello, señaló que el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe evidencia de pago.
Dejó entrever que la Fiscalía tiene hasta el 20 de octubre para responder ante un Juez de Control, si ejerce acción penal contra exservidores públicos que incurrieron en el presunto daño patrimonial, y de la cual hay evidencia que los malos manejos se dieron en ese momento y que afectaron a la reserva técnica del IPE, concluyó.
