Muerte y crisis humanitaria en Colombia, como en México
Ni la guerrilla ni los paramilitares son o han sido el principal factor desestabilizador de Colombia en las últimas tres décadas, con saldo de unos 800 mil muertos; es el narcotráfico el “más grande obstáculo” para la paz en ese país, según se desprende de un informe de la Comisión de la Verdad.
Ni la guerrilla ni los paramilitares son o han sido el principal factor desestabilizador de Colombia en las últimas tres décadas, con saldo de unos 800 mil muertos; es el narcotráfico el “más grande obstáculo” para la paz en ese país, según se desprende de un demoledor informe de la Comisión de la Verdad, cuyo presidente, Francisco de Roux, establece un paralelismo con el clima de violencia que impera en México.
BOGOTÁ (Proceso).— Uno de los hallazgos centrales de la Comisión de la Verdad de Colombia, que hace unos días divulgó un estremecedor informe sobre los impactos del conflicto armado interno y la tragedia humanitaria que éste ha provocado –unos 800 mil muertos en tres décadas–, es que el narcotráfico es el “más grande obstáculo” para pacificar al país y erradicar la violencia que lo azota.
Es decir que ni la guerrilla ni los paramilitares ni el Ejército ni la policía han sido los principales actores de la confrontación. El máximo protagonista ha sido el negocio de la cocaína, que es el combustible que ha mantenido viva la hoguera de la guerra interna.
Y en esto, dice a Proceso el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, el conflicto colombiano tiene “muchas semejanzas” con lo que ocurre en México, donde la crisis de violencia y humanitaria que estalló en el sexenio de Felipe Calderón y que se ha intensificado durante los gobiernos de Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador, “no se podría explicar sin el componente del narcotráfico”.
“El peso de este fenómeno en nuestros países, tanto en Colombia como en México, nos puede llevar a hacer un liderazgo colectivo para que, en diálogo con las naciones, emprendamos juntos nuevos caminos para solucionar el problema del narcotráfico”, señala De Roux, quien coordinó una investigación de tres años y siete meses para aportar verdad al conflicto colombiano.
Y uno de esos nuevos caminos, dice el sacerdote jesuita, filósofo y economista, es “la superación definitiva del prohibicionismo, que ha fracasado como política antidrogas”, y avanzar hacia “la regulación y la despenalización” de los estupefacientes, que “es un proceso de largo plazo, pero hay que transitarlo”.
Esto, porque la política prohibicionista “está vinculada” al conflicto armado en Colombia y a la violencia que golpea a México.
La Comisión de la Verdad, creada en 2018 por mandato del Acuerdo de Paz firmado dos años antes por el gobierno colombiano y las FARC, elaboró su informe final tras escuchar los testimonios de unas 30 mil víctimas, actores, testigos y estudiosos del conflicto armado, y de consultar miles de archivos en Colombia y en varios países, entre ellos los de la extinta Dirección Federal de Seguridad de México.
De Roux insiste en “el fracaso de la llamada guerra contra las drogas” y sostiene que esa visión, que ha sido impulsada o impuesta por Estados Unidos desde hace medio siglo, “se ha convertido en parte del problema que espolea la violencia” tanto en Colombia como en México.
Señala que otra medida que podrían tomar las dos naciones de manera conjunta para atacar al narcotráfico y sus efectos en la institucionalidad es convocar “a una entidad internacional absolutamente independiente para investigar, con total libertad, lo que realmente pasa a nuestros países”.
Esa unidad, explica, “nos ayudaría a establecer cómo se configura el narcotráfico, su aparato, sus alianzas, sus contactos de diverso orden, porque el narcotráfico no es sólo un asunto de bandidos, sino que está articulado con asuntos políticos, militares y empresariales” en los dos países.
El informe final de la Comisión de la Verdad, presentado el martes 28, y el cual no tiene carácter vinculante, rechaza la militarización de la lucha antidrogas y recomienda reformar el régimen político y electoral “con sanciones para quienes estén vinculados al crimen organizado” y “con transparencia en la financiación” de las campañas políticas.
De Roux dice que el informe, que se divide en varios tomos, algunos de los cuales serán divulgados en las próximas semanas, puede ser “un referente” para México, sobre todo porque la verdad es un “elemento esencial” para enfrentar un problema –el narcotráfico– y romper ciclos de violencia.
Por ejemplo, una conclusión del informe aplicable a México es que “si Colombia no encuentra, como sociedad, una solución de fondo y negociada nacional e internacionalmente al problema del narcotráfico, el conflicto armado continuará”.
–En su informe final, la comisión insiste mucho en desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico en Colombia. El actual gobierno de México camina en la vía contraria. ¿Esto qué le parece?
–Nosotros hemos visto que ese no es el camino para enfrentar al narcotráfico. Nosotros estamos planteando buscar soluciones de diálogo, de negociación, para que las bandas criminales se sometan a la justicia a cambio de penas más bajas (una figura ya prevista en la ley colombiana). Pero la salida militar, lejos de solucionar el problema, paradójicamente, lo acrecienta, porque se pagan sobornos a policías y militares que están en esa guerra.
Huella de los cárteles mexicanos
En una investigación tan extensa y minuciosa como la de la Comisión de la Verdad, que además hace una inmersión profunda en el fenómeno del narcotráfico en Colombia, era inevitable que en las zonas del país más golpeadas por ese fenómeno surgieran evidencias testimoniales de la presencia de los cárteles mexicanos de la droga.
“Escuchamos continuamente, de parte de los campesinos, en los territorios de la coca, en los puertos, en lo que nosotros llamamos los corredores del narcotráfico, las referencias a la presencia de los cárteles mexicanos y la fuerza que tienen en los negocios y en el tránsito de la coca desde aquí hacia México”, señala De Roux, quien además de teólogo es doctor en economía por La Sorbona.
–¿Y qué descubrieron sobre la incidencia de estas organizaciones criminales mexicanas en el negocio de la cocaína en Colombia?
–Hay un momento –señala el presidente de la Comisión de la Verdad– en que la totalidad del negocio, hasta donde yo entiendo, pasa a manos de los mexicanos. En alguna época lo manejaron los colombianos, lo estaban manejando en Estados Unidos y en otras partes, pero ya eso a niveles más altos está en manos de los mexicanos.
–¿En ese sentido los cárteles mexicanos se han convertido en un factor del conflicto colombiano?
–Sí, señor, en ese sentido. Y, en ese sentido también para nosotros, el narcotráfico se convirtió, muy posiblemente, en el principal dinamizador de la perpetuación del conflicto armado en Colombia.
Además de los 800 mil homicidios ocurridos por el conflicto (45% cometidos por paramilitares y 27% por guerrilleros), la comisión reportó 210 mil desapariciones forzadas, 80 mil secuestros, 30 mil niños reclutados y 7.7 millones de desplazados, entre otras violaciones humanitarias graves.
Las guerrillas de las FARC (desmovilizada en 2016) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se financiaron con el narcotráfico, y una larga lista de miembros de las fuerzas militares y de la policía fueron corrompidos por los cárteles de la droga.
“Todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico y estas relaciones han sido determinantes en el rumbo de la guerra, su degradación y desenlaces, y especialmente en su continuación”, señala el informe de la comisión.
Viraje a la vista
El martes 28, durante la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, estuvo entre la audiencia en un teatro del centro de Bogotá el presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, quien se comprometió a implementar las recomendaciones del organismo, entre ellas la modificación de la política antidrogas.
Uno de los planes de Petro para hacer frente al narcotráfico es alentar el sometimiento de bandas criminales a la justicia a cambio de rebajas de penas. Esta política iría dirigida a grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar, y a las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz y siguieron traficando cocaína.
