Ley antiwinckler. Síndrome del elefante
En la mira
Silverio Quevedo Elox
Y aunque se ha visto en los últimos días una sumatoria significativa de alcaldes que están de acuerdo para que en sus ayuntamientos se vote a favor de dicha variante legislativa, hay otros que dudan, o que se puede concluir, están más que comprometidos con el sistema panista o más bien con el yunismo que se acaba de ir, y que dejó sembrado al titular de la Fiscalía por un periodo de 9 años.
Es el caso del edil de Boca del Río, Humberto Morelli que no ve la forma de quitarse el yugo de la familia Yunes y a quien le debe el cargo en ese municipio conurbado, uno de los más importantes del estado por su plusvalía y movimiento económico, que gobierna en calidad de prestado momentáneamente.
O de lo contrario, aseguran sus biógrafos, lo que aún no le permite actuar con libertad y a pronunciarse en contra del Fiscal Winckler es el temor que le imprime el clan yunista, aún cuando las versiones indican que hubo hasta una especie de enfrentamiento hacia éstos.
Lo cierto es que el Informe de Gobierno de este fin de semana fue la mejor de las muestras de su decisión de sumarse a la política del nuevo gobierno o a declararle la guerra. Y es que por ejemplo, en Medellín, llamó la atención que el segundo hombre más importante del sistema polÍtico estatal, Eric Cisneros haya tenido la representación del gobernador, y en el caso de Boca fue pasado a segundo o tercer plano.
Se afirma que Morelli, debía demostrar su amor con el sí a la Ley Antiwinckler pero nada. Sus nexos con el Yunismo y sus compromisos políticos y económicos son mayores a trabajar de la mano del sistema morenista.
Y es que muchos sienten que ya han logrado superar la presión o represión que pudieran sentir en su momento. Y entonces, se saben que no es lo mismo ser alcalde con la bota en el cuello que votar o decidir a favor de la ciudadanía.
Pero otros sufren el síndrome del elefante encadenado, al que después de varios años liberan de sus cadenas, y se mantiene inmóvil pues sigue sintiéndose con los grilletes.
De darse mañana la afirmativa de parte del cuerpo edilicio de Medellín revestirá especial importancia debido a que es parte del triángulo y bastión del panismo que siempre ha presumido ese partido. Y según las versiones, junto a Medellín se suman siete alcaldes en bloque que ya han respondido afirmativamente o están por hacerlo, entre ellos Tierra Blanca, Jamapa, Tlalixcoyan, Córdoba, Tres Valles y Tuxtilla.
Mientras que otro ayuntamiento representativo es el que preside, Othón Hernández, por ser el líder de varias decenas de alcaldes del albiazul y que también ya tiene su voto a favor de esta reforma. Y es que como Misantla, también se suman Cosamaloapan, Córdoba, con mensaje para un solo destinatario.
Por cierto que otra molestia que se suma a los diversos organismos que se han manifestado en contra del Fiscal son los pobladores de Tatahuicapan. A través de su asociación están por decidir trasladarse hasta la capital para no quedarse atrás en los reclamos hacia este personaje.
Muy en corto
A lo legal en RTV. En el Cerro de la Galaxia los trabajadores de Radio Televisión de Veracruz (RTV) respiran un ambiente laboral de armonía con la nueva administración.
El pasado jueves se fue de vacaciones la mitad del personal tanto de confianza como sindicalizado y luego el viernes cobraron la primera quincena del aguinaldo así como su respectiva quincena.
No hubo despidos masivos y a los que se les removió se les pagará su finiquito de acuerdo a lo que marca la Ley, aunque por supuesto y como ha sucedido en otras áreas de Gobierno hay inconformes que preparan demandas contra las actuales autoridades.
No obstante deberán esperar dado que los tres procuradores y el resto de los burócratas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) del Poder Judicial del Estado (PJEV) ya salieron de vacaciones de fin de año, y los que no estén de acuerdo con los procesos de finiquitos habrán de esperar hasta enero para interponer las denuncias.
Todos tienen como plazo dos meses para demandar ante el TECA, a partir del día que los rescindieron de su contrato, por lo que el 7 de enero del otro año pueden acudir a iniciar su «viacrucis» legal contra el Poder Ejecutivo.