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sábado, mayo 18, 2024
Veracruz

Habrá consecuencias legales para el Ayuntamiento de Córdoba, de Aquila y el dueño del terreno

Aquila, Ver. – Las autoridades municipales de Aquila en contubernio con una empresa y el Ayuntamiento de Córdoba pretendían crear un basurero clandestino en un barranco denominado como Rancho Verde, sin embargo, no contaban con que los pobladores se dieran cuenta y retuvieron las unidades.

A decir de pobladores de Maltrata y Aquila que se encontraban en el lugar, el Ayuntamiento de Córdoba ya había realizado descargas de basura en este barranco y se disponían a echar más cuando habitantes notaron lo que pasaba y salieron a detener los vehículos, lo que provocó incluso agresiones por parte de un grupo de personas entre ellos presuntamente el hermano de la alcaldesa de Aquila, quienes dejaron como saldo a varios heridas uno de ellos tuvo que ser hospitalizado en el Río Blanco y los demás se encuentran esta noche interponiendo una denuncia en la Fiscalía de Nogales.

En un comunicado la PMA precisó que «intervino a 7 camiones de basura del H. Ayuntamiento de Córdoba, a cargo de la empresa Biorecyling, que pretendían tirar basura clandestinamente».

Así mismo que los pobladores denunciaron los hechos a la Secretaría de Seguridad Pública y a su vez, la SSP informó del hecho a la PMA, que inmediatamente llegó al lugar, acudiendo al sitio Aníbal Payán, Israel Solís y Miguel Carmona, inspectores acreditados de la Procuraduría, y al ser agarrados en flagrancia, de acuerdo al artículo 201 de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, se procedió a poner los vehículos a disposición de la autoridad, se descargaron los residuos que llevaban los camiones al Relleno Sanitario de Los Colorines y serán contenidos en el corralón.

De acuerdo al artículo 212 de la Ley Estatal de Protección Ambiental, el no depositar en un lugar adecuado incurre en un delito ambiental, la basura es responsabilidad de quien la genera y no se puede disponer en cualquier sitio. Las empresas que dan el servicio deben contar con los permisos de las autoridades en materia de medio ambiente y los entes que contaminen y ocasionen un daño grave al ambiente debe pagar para la reparación del mismo.

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