Exponen alcaldes de todo el país ante diputados sus posturas sobre la Guardia Nacional
Durante el segundo día de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, el diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) resaltó la importancia de que el Congreso escuche a las y los presidentes municipales, ya que su opinión es de gran valía para integrar el documento que se presentará en el periodo extraordinario de sesiones del 16 de enero.
El legislador, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, destacó la participación de alcaldes de distintas regiones del país, y aseguró que todas las ideas vertidas en el encuentro serán tomadas en cuenta.
Al iniciar la tercera mesa de trabajo “Estrategias municipales para la seguridad”, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y ejecutivo local de Huixquilucan, estado de México, Enrique Vargas del Villar, manifestó que la seguridad es el reclamo más importante de la ciudadanía; por ello, “apoyamos la creación de la Guardia Nacional, pero con los ajustes que den mayor certeza jurídica y claridad en su operación”.
Subrayó que ese cuerpo de seguridad debe ser encabezado por un mando civil y no militar. Además, se deben respetar las competencias de los diferentes órdenes de gobierno y definir la participación de fuerzas armadas, su temporalidad y margen de acción.
Afirmó que los presidentes municipales “no buscamos deslindarnos de las tareas de seguridad, más bien proponemos un mando mixto y apostar por la prevención, así como fortalecer los fondos destinados a este rubro”; sin embargo, dijo, en la propuesta no se plantea apoyar a policías locales.
Externaron sus posicionamientos nueve legisladores del grupo parlamentario de Morena. Pablo Gómez Álvarez explicó que la Guardia Nacional es sólo un punto en el amplio tema de la seguridad pública. Además, el objetivo central es regresar a militares y marinos a sus cuarteles. “La Guardia no es alquimia política, sino un aporte que nos llevará por un camino distinto. Los militares no son policías y está demostrado”.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez afirmó que el país requiere una fórmula para pacificarse. Pidió a los alcaldes propuestas más concretas a fin de mejorar el dictamen que crea la Guardia Nacional.
El legislador Javier Hidalgo Ponce consideró que se confunde estrategia de seguridad con Guardia Nacional. Lo principal, comentó, es recuperar la calidad moral del Estado mexicano, el crecimiento económico y disminuir la inseguridad. Agregó que “el Ejército mexicano está acostumbrado a cuidar a los ciudadanos”.
Xóchitl Zagal Ramírez pidió sugerencias a los presidentes municipales, a fin de garantizar en el dictamen que no se cometan irregularidades. “Ustedes son los primeros en conocer las necesidades de las personas”.
El diputado Ernesto Palacios Cordero calificó la discusión como un precedente de intercambio y diálogo democrático, a través de un ejercicio del Parlamento Abierto. Asimismo, pidió no olvidar la corrupción en las corporaciones locales y hasta en la Procuraduría General de la República, pues eso dejó atrapados a los cuerpos policiacos.
El legislador Marco Antonio Medina Pérez afirmó que hay graves problemas de coordinación de esfuerzos; es decir, existe una realidad distinta en los municipios, pero se debe recordar que el dictamen sienta las bases para una institución federal.
María Guadalupe Román Ávila refirió que ante los altos índices delictivos es necesaria la Guardia Nacional. “En el caso de mi municipio, Ecatepec, es el número uno en secuestro, extorsión, robo, por eso requerimos esa corporación”.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences expuso que existe incertidumbre para la gente; los pequeños empresarios tienen temor porque pagan cuotas al crimen organizado. “Son 30 años de violencia e inseguridad que ha costado 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Hoy tenemos la oportunidad de tener una guardia que pacifique al país y debe quedar claro que los mandos civiles no han funcionado”.
El legislador Samuel Herrera Chávez dijo que en el caso particular de Guadalupe, Zacatecas, entidad que representa, hay indisciplina en las corporaciones y es limitada la respuesta en materia de seguridad. “La Guardia Nacional es imperativa para cumplirle a los ciudadanos y llevar paz a todo el país”.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) dijo que son los presidentes municipales quienes conocen sus localidades; por ello, se les debe escuchar. “El cáncer de la inseguridad nos ha ganado, por eso tenemos que construir acuerdos”. La iniciativa contempla la evaluación de la guardia, hecha por la misma corporación; el Revolucionario Institucional propone que sea calificada por organismos internacionales.
Iván Arturo Pérez Negrón, diputado del PES, precisó que el dictamen define claramente las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno. Además, pasados cinco años, la Guardia Nacional será parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y existe una evaluación intermedia.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) aseveró que ante la nueva realidad política se requieren cambios profundos, pues como se hacían las cosas no se obtuvieron buenos resultados. El daño del tejido social es evidente en todo el país y estamos en una situación de emergencia, porque el control territorial de la delincuencia es alto. Añadió que la preocupación de alcaldes es legítima, pero eso quedará saldado en las reformas secundarias.
De la misma bancada, José Luis Montalvo Luna advirtió la debilidad de las instituciones de seguridad pública en todos los niveles. Además, 600 ayuntamientos carecen de corporaciones propias y sólo 14 entidades tienen policías en todos sus municipios. La Guardia Nacional, indicó, será un proyecto con el que le irá bien a México.
Tonatiuh Bravo Padilla, diputado de MC, apuntó que el consenso en las propuestas de alcaldes es que haya Guardia Nacional, pero con mando civil, y el fortalecimiento de corporaciones locales. Detalló que la Marina y el Ejército tienen la mejor percepción ante la ciudadanía, por lo que resulta necesario robustecer a los cuerpos locales, que integran a aproximadamente 400 mil elementos en todo el país.
También de MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, preguntó qué pasará si el plan falla y cuál será la otra salida, porque es posible replicar el error de sexenios anteriores. Estimó que la militarización no ha funcionado, por lo que la presencia de fuerzas castrenses no puede ser permanente y el mando operativo debe ser civil.
El diputado Marco Antonio Ortega Martínez (PRD) subrayó que se requiere una estrategia de seguridad, pero no se puede poner en el centro el uso de la fuerza. “Se ha desmantelado a estados y municipios en materia de seguridad y la decisión de la mayoría es mantener en el dictamen el mando militar”.
En su participación, el alcalde de Guadalajara, Jalisco, Ismael del Toro Castro, consideró que la crisis en materia de seguridad es innegable y es una demanda de todas las entidades y municipios del territorio nacional. Por eso, apuntó, es prioritario hacer todo lo necesario para que la violencia se detenga y vuelva la paz a las colonias, además de acabar con la infiltración de la delincuencia en instituciones de seguridad.
Calificó de inquietante que el dictamen apunta a relegar a las policías municipales y se apuesta todo a un mando militar. Agregó que la propuesta sólo se enfoca en sanciones y no a generar instrumentos para eficientar el trabajo de corporaciones locales. “Nos preocupa la centralización y la invasión a atribuciones; es importante respetar el pacto federal”.
La presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Lynn Fernández Piña, recalcó que la inseguridad es el principal problema de México, y los gobiernos municipales deben acompañar las propuestas federales y estatales. “La solución de fondo es compleja y requiere la participación de los tres poderes y órganos de gobierno”.
No obstante, se pronunció por no militarizar la seguridad pública, sino apoyarse en las fuerzas armadas en una etapa y con acotamientos. “No se pueden otorgar todas las competencias, recursos y facultades a un cuerpo militarizado, porque representaría un riesgo para los derechos de las personas”.
Francisco Javier Castellón Fonseca, alcalde de Nayarit, planteó reforzar las capacidades de las policías, principalmente en materia de disuasión a delitos comunes, que son atendidos por corporaciones locales y ministerios públicos. Aunque estimó que las faltas menores forman parte de la misma cadena delictiva que comienza desde un cártel del crimen organizado.
“De lo que se trata es atender una estrategia fallida, sobre todo porque se han agudizado todos los problemas en el rubro de seguridad”, añadió.
Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia, Michoacán, enfatizó la mala coordinación con el gobierno estatal. “En nuestro caso, existen problemas de huachicoleo y nos hemos ayudado de cuerpos federales, pero requerimos una policía municipal óptima y con mayor capacidad de fuerza”.
Indicó que no hay cuerpos municipales; no se cumplen estándares de la Organización de las Naciones Unidas, ni de organismos nacionales. “Hoy lo que se necesitan son resultados, mediante una estrategia distinta porque lo que se hacía no funcionó”.
Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, resaltó la importancia de fortalecer a las corporaciones de las localidades que son atractivos turísticos relevantes. “De concretarse, la Guardia Nacional deberá coordinarse con las instituciones de seguridad de los otros órdenes de gobierno”.
Agregó que hasta el momento no se ha respetado la autonomía de los ayuntamientos, ni hay diálogo con el gobernador de su estado. Pidió que se destinen más recursos para profesionalizar a las corporaciones.
María Eugenia Campo, alcaldesa de Chihuahua, Chihuahua, subrayó que la seguridad pública es la primera preocupación de la ciudadanía pero también de los presidentes municipales, porque frena el desarrollo. “Sin embargo, si no se escucha a quienes conocemos las necesidades sociales, locales, no se podrá enfrentar la inseguridad”.
Hay que realizar un trabajo específico en cada entidad; es decir, “no necesitamos una Guardia Nacional con una visión completamente externa de lo que realmente pasa en cada lugar. Entendemos que hay políticas públicas que sí funcionan, pero hay que dejar a los municipios implementar sus recetas”.
Zeferino Salgado Almaguer, alcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pidió respaldar el proyecto de la Guardia Nacional porque, pese a que las condiciones son diferentes en cada lugar, se trata de garantizar que exista algo en qué apoyarse.
“Hay que entender que se trata de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y no de cargos que duran algunos años”. Invitó a voltear a ver a Nuevo León, que ha vivido “etapas oscuras por la violencia”, para entender por qué tiene que crearse ese nuevo cuerpo de seguridad.
El alcalde de Mérida, Yucatán, Renán Barrera Concha, explicó que los municipios son el orden de gobierno más cercano a la población, pero donde más se padece la debilidad institucional y de seguridad pública. “En mi caso, preocupan los intentos de solución unilaterales y que se quiera aplicar para realidades distintas”.
El Ejército ya ha entrado a muchos municipios. Y hasta en coordinación con gobiernos estatales. Nuestra policía tiene prestigio y somos el municipio más seguro, con dos homicidios por cada 100 mil habitantes.
Un punto a destacar, dijo, radica en estabilizar los presupuestos en materia de seguridad y eliminar reglas de operación perversas. “Proponemos un mando mixto, en donde la Guardia Nacional ayude, en las zonas donde las corporaciones locales no puedan combatir el crimen”.
Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, consideró necesario llevar a cabo políticas cercanas al ciudadano y acordes a cada lugar. Insistió en que debe existir respeto entre los órdenes de gobierno y verse como una sola institución.
“Tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos y tenemos que reconocer que los legisladores recojan el conocimiento de los ayuntamientos. Queremos una Guardia Nacional, pero que sea conforme a cada región y no dejar de lado la profesionalización de policías”, refirió.
Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl, estado de México, pidió que las aportaciones vertidas en la mesa de trabajo sean tomadas en cuenta al momento de las decisiones en la Cámara e indicó que los derechos humanos tienen que estar en el centro de la discusión.
Precisó que cada municipio vive una realidad distinta y desarrollos diferenciados, por lo que no puede diseñarse una sola política, sino atenderse las particularidades. Además, “el militarismo como solución no creemos que pueda ser la salida. No se pueden confundir responsabilidades para las que está diseñada cada institución”.
El presidente municipal de Ecatepec, estado de México, Fernando Vilchis Contreras, señaló las estrategias fallidas en materia de seguridad que se han implantar. “A los cuerpos locales los ha vencido la corrupción, por lo que es importante dar eje central a la Guardia Nacional”.
“En nuestro municipio la gente tiene confianza en cuerpos militares porque vivimos una situación en la que se están creando sub gobiernos, en los cuales la autoridad no puede entrar a brindar servicios para la población”.
Hugo Ramírez Treviño, en representación del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, indicó que “no concebimos la paz sin militares, pero apostamos a que la Guardia sea encabezada por civiles”.
Destacó que es importante que se conozca cómo será el mando de la nueva corporación y dejar al municipio hacer su tarea de prevenir, ya que es el primer contacto del gobierno con la ciudadanía.