jueves, octubre 3, 2024
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Abogados solicitan a la Corte Penal Internacional investigar al gobierno del Reino Unido y sus asesores por genocidio, crímenes contra la humanidad e infracciones al código de Nuremberg

Por Trikooba

Se han presentado documentos en la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar dos procedimientos legales separados contra el Gobierno del Reino Unido y sus asesores científicos por “genocidio y crímenes contra la humanidad”.

El primero de los documentos se describe en el siguiente comunicado de prensa de la abogada Melinda C. Mayne y de la jueza de paz Kaira S. McCallum, que ha presidido como jueza de paz en los Tribunales de Magistrados y de la Corona del centro de Londres durante los últimos veinte años, y que también solía ser una farmacéutica altamente cualificada:

COMUNICADO DE PRENSA

Petición de Investigación del Gobierno del Reino Unido y sus asesores, por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones del Código de Nuremberg, emitida a la Corte Penal Internacional de La Haya, el martes 20 de abril de 2021.

El martes 20 de abril de 2021, los abajo firmantes enviamos una “Solicitud de Investigación” de 27 páginas a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con el fin de pedir que nuestras acusaciones de genocidio, crímenes contra la humanidad e infracciones del Código de Nuremberg, por parte del Gobierno del Reino Unido y sus asesores, sean aceptadas por la CPI e investigadas.

Creemos que hemos aportado razones convincentes de por qué nuestro Gobierno y sus asesores son culpables de los cargos mencionados. Sin embargo, en esta etapa es importante señalar que no estamos obligados a proporcionar todas las pruebas que tenemos (que se extenderían a varios cientos de páginas) y que estamos limitados a un máximo de 30 páginas, simplemente para hacer un resumen del caso como parte de nuestra solicitud.

La CPI revisará nuestra “Solicitud de Investigación” y evaluará si cree que hay una base razonable para proceder a una investigación sobre una “Situación”, de acuerdo con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma.

La CPI no proporciona un plazo para la aceptación, ni por supuesto hay ninguna garantía de que finalmente acepte nuestra “Solicitud de Investigación” debido a una serie de razones, incluyendo el hecho de que están limitados en su capacidad para llevar a cabo investigaciones.

Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de más información.
Melinda C. Mayne LPC LLM MBA GDLA
Kaira S. McCallum JP BSc


La segunda solicitud es una acusación presentada ante los tribunales por Michael O’Bernicia, quien demanda al Parlamento del Reino Unido y a sus asesores científicos corruptos por fraude, traición y genocidio.

Sin gastar un céntimo en honorarios legales, Michael ha descargado las reclamaciones fraudulentas de una empresa de venta de películas, una franquicia de coches, una agencia de viajes, dos empresas de servicios públicos, tres importantes empresas de tarjetas de crédito, decenas de agencias de cobro de deudas y empresas de servicios jurídicos, cinco ayuntamientos, la DVLA, la policía, el HMRC, el Registro de Nacimientos y dos importantes bancos, todo lo cual ha sido bien documentado en varias plataformas web durante los últimos doce años.

Michael también ha demostrado el fraude en los Tribunales de Magistrados, del Condado y del Alto Tribunal, así como en las solicitudes de la Cámara de la Propiedad y del Registro de la Propiedad. Cuando Michael alega fraude, sólo lo hace cuando hay pruebas de que se ha cometido un fraude y, por lo tanto, siempre puede probarlo en un tribunal, siempre que se requiera.

El 30 de septiembre de 2020, Michael escribió a todos los parlamentarios por correo electrónico, advirtiéndoles que si no bloqueaban el intento del Gobierno de renovar la draconiana ley sobre el coronavirus, se pondría en contacto con un QC de alto nivel y presentaría cargos contra todos ellos en un tribunal penal por crímenes contra la humanidad.

Este es el correo electrónico que se envió:

NOTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE EJERCER LA ACCIÓN PENAL PRIVADA

Estimados señores,

Por la presente se les notifica que es mi intención presentar información en una Acusación Penal Privada contra ustedes, alegando que se han cometido los siguientes delitos contra el pueblo británico:

  • 1. El artículo 2 de la Ley de Fraude de 2006 ha sido violado repetidamente en la promulgación de la Ley de Coronavirus de 2020 [la Ley de CV] – una ley que se basó en una serie de declaraciones deshonestas en las que se basaron todos los diputados en activo. A saber:

    a. Que había una verdadera emergencia de salud pública, que justificaba las medidas draconianas adoptadas.

    b. Que existía una base legal para la aprobación de dicha ley.

    c. Que no existía ninguna alternativa viable para “aplanar la curva” de las supuestas muertes por COVID-19.
  • 2. Además, la Ley CV pretende ilegalmente haber suspendido el derecho democrático de todo británico a destituir al gobierno, así como los derechos individuales garantizados por el Common Law, que están fuera de la jurisdicción del poder legislativo.
  • 3. La Ley CV también pretende haber legislado para la falsificación de certificados de defunción, lo que ha permitido al gobierno inflar groseramente el número de personas que supuestamente han muerto por el virus COVID-19, que en cualquier caso nunca se ha demostrado realmente que exista.
  • 4. No obstante, los datos de la ONS demuestran que la política gubernamental que permitió la Ley CV duplicó la tasa de mortalidad media de cinco años en el Reino Unido, lo que se considera equivalente a un genocidio según el derecho internacional, si se tiene en cuenta la denegación fatal de atención a los pacientes en las residencias y hospitales.
  • 5. Además, la promulgación de la Ley CV también supone una violación fundamental de la Ley de Delitos de Traición de 1848, en la medida en que pretende autorizar a los ministros de la Corona a gobernar el Pueblo por decreto real o proclamación, lo que está estrictamente prohibido por los artículos 1 y 2 de la Carta de Derechos de 1689.
  • 6. En cualquier caso, como dijo Lord Coke, el redactor de la Petición de Derecho, en la decisión de 1610 de Thomas Bonham v College of Physicians 8 Co Rep 107a; 77 Eng Rep 638, comúnmente conocido como Dr. Bonham’s Case, en el Tribunal de Common Pleas

“En muchos casos, el derecho común controlará las leyes del Parlamento, y a veces las declarará totalmente nulas: porque cuando una ley del Parlamento es contraria al derecho y la razón comunes, o repugnante, o imposible de cumplir, el derecho común la controlará y declarará nula dicha ley”.

En caso de que usted solicite colectivamente la anulación de la ley que el derecho común considera repugnante, así como nula ab initio, según el caso del Dr. Bonham, a más tardar a la medianoche del 2/10/2020, esta acción se suspenderá.

Sin embargo, en caso de que no lo haga, por cualquier motivo, se contratará a un QC y a un equipo jurídico para presentar la información ante un tribunal de jurisdicción competente a la mayor brevedad posible y se iniciará la Acusación Penal Privada.

Le informamos de que un Gran Jurado del Pueblo ya ha determinado que existen pruebas suficientes para acusar a todos los diputados de fraude, traición y genocidio. Esta es su última oportunidad para dejar su huella en el lado correcto de la historia porque no hay jurado que no condene a cada miembro del Parlamento cómplice de los cargos que se presentarán.

No obstante, confío en que se dé cuenta del devastador error que ha cometido, antes de que sea demasiado tarde.

Atentamente,

Por y en nombre del pueblo británico


Por supuesto, como sabemos ahora, los diputados no se opusieron a la ley draconiana y desde entonces la han renovado por una tercera vez hasta al menos octubre de 2021. Pero Michael O’Bernicia no estaba bromeando y el 19 de marzo de 2021 se presentaron los papeles electrónicamente en un Tribunal de Magistrados del Sur de Londres en un trascendental Proceso Penal contra Matt Hancock, Chris Whitty, Patrick Vallance y Neil Ferguson por fraude Covid.

Una semana más tarde, Michael y su equipo presentaron un paquete de pruebas de 1.200 páginas que incluye declaraciones de testigos expertos de dos profesores, tres médicos, un cirujano dental, un abogado testamentario, un matemático, un analista de datos de submarinos nucleares retirado, un analista de datos independiente y un antiguo detective de fraudes del CID, que está actuando como fideicomisario del PUB al llevar este gravísimo proceso al tribunal penal.

Estos son algunos de los elementos del fraude de la pandemia genocida que se llevarán a los tribunales gracias a los documentos presentados y las pruebas aportadas por Michael O’Bernicia en nombre del público.

  1. El Imperial College, el Instituto Jenner, la Universidad de Oxford, la BBC y el gobierno del Reino Unido se beneficiaron materialmente cuando recibieron fondos sustanciales de Bill Gates, antes del cierre que comenzó el 23/03/2020.
  2. Las partes implicadas conspiraron entonces con la OMS controlada por Gates para hacer que el pueblo confiara en una serie de declaraciones totalmente deshonestas, hechas por el gobierno del Reino Unido para justificar el cierre.
  3. La confianza en esas falsas declaraciones ya ha causado muchas decenas de miles de muertes innecesarias, ha destruido la economía y causado una miseria incalculable, angustia y miedo, así como procurado un poder totalitario no responsable para el gobierno del Reino Unido.
  4. El gobierno se está asociando y financiando a la GAVI, controlada por Gates, cuyo objetivo declarado abiertamente es “vacunar” innecesariamente a todo el mundo.
  5. El secretario de Estado de Sanidad es el propietario de Porton Biopharma Limited, una empresa dedicada a obtener beneficios para el gobierno con los productos farmacéuticos, incluidas las vacunas.
  6. Cien millones de vacunas nuevas, no probadas, que alteran el ADN, han sido supuestamente encargadas por Porton Biopharma, a socio de desarrollo de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, en asociación con GSK, controlada por Gates.
  7. Todas las partes conspiradoras han sido indemnizadas contra todas las reclamaciones por daños causados por las vacunas, incluida la muerte, incluso si las vacunas se administran por la fuerza sin consentimiento. Sin embargo, el gobierno se ofrece a pagar indemnizaciones por daños causados por las vacunas con el dinero de los contribuyentes.

Los documentos pertinentes se encuentran ahora en el departamento de listados del tribunal designado, donde pronto se emitirá un número de caso tras las comprobaciones realizadas por el equipo jurídico del tribunal. Esto significa que las pruebas presentadas son suficientes para demostrar el fraude de Covid y proceder al juicio.

El reloj sigue corriendo para Hancock, Whitty, Vallance, Ferguson y sus amigos, no pasará mucho tiempo antes de que sean condenados por crímenes contra la humanidad y asesinato en masa.