Pablo de la Peña: Pobreza, democracia y otros datos

De todas las cosas que el presidente López Obrador critica de las administraciones anteriores, quiero resaltar dos en este espacio. Una, su crítica al “modelo económico neoliberal” implementado desde finales de los ochenta en nuestro país, que dio un fuerte impulso a la privatización de actividades propias previamente del estado y que al mismo tiempo facilitó la inversión privada tanto doméstica como extranjera, pero que ante los ojos del presidente ha sido una de las principales causas de la pobreza en México. Y, la segunda, su crítica que constantemente ha hecho hacia las instituciones autónomas que se crearon en las décadas de los noventa y dos mil, pero en particular, y ahora, sobre nuestro Instituto Electoral, antes IFE ahora INE.

Si bien es cierto que el nivel de pobreza general en el país no ha visto una reducción sustancial en los últimos años, también es cierto que el país ha pasado por crisis severas que han reducido la efectividad de cualquier política pública para aminorar la misma.

Esta política neoliberal a la que consistentemente se refiere el presidente López Obrador no es invento de México, fue una tendencia mundial con el propósito de incrementar la eficiencia en la administración de recursos públicos, para fomentar la creación de empleos productivos y de la riqueza desde un punto de vista de mercado. Si bien, este modelo dista mucho de ser perfecto, creo que hay datos que muestran con hechos que si se ha logrado reducir la pobreza extrema en muchos países a nivel global en éstos últimos treinta años.

Para López Obrador las administraciones “conservadoras” pasadas en México y el modelo neoliberal son las causas de muchos de nuestros problemas, pero en cuanto a la pobreza se refiere, déjenme compartirles aquí otros datos.

El Banco Mundial reporta que en 1989 el 38.9 por ciento de la población del mundo se encontraba viviendo en pobreza extrema, esto es con menos de $2.15 dólares al día, con paridad de cambio del 2017 (antes la línea de pobreza extrema estaba en $1.90 dólares). Para ese mismo año, México registraba el 9 por ciento de su población que vivía por debajo de ese mismo nivel de pobreza extrema. Para el año 2000, el porcentaje de la población que vivía por debajo de los $2.15 dólares al día a nivel mundial bajó casi 10 puntos porcentuales, al registrar 29.1 por ciento, y en México era de 8.9 por ciento.

Esta aparente nula reducción en nuestro país se debe principalmente a la crisis de 1995, pues el porcentaje de la población mexicana que vivía con menos de $2.15 dólares al día saltó al 18.1 por ciento en 1996. Lo que muestra que si hubo una reducción significativa pero de 1996 al año 2000, y ésta fue de prácticamente la mitad (18.1 a 8.9 por ciento). Para el 2019, última fecha con registro en el Banco Mundial, la población en el mundo con menos de $2.15 dólares al día se estima que fue de 8.4 por ciento, esto es una reducción extraordinaria en la tasa de pobreza del 71 por ciento en prácticamente 20 años. En este mismo periodo de tiempo, México registró una reducción en su tasa de pobreza del 65 por ciento, al pasar de 8.9 a 3.1 por ciento para el 2020.

En resumen, en México iniciamos la década de los noventa con el 9 por ciento de nuestra población que vivía con menos de $2.15 dólares al día, para el año 2020 solo el 3.1 por ciento vive por debajo de esa línea de pobreza. A nivel mundial, ese mismo porcentaje y en ese mismo período de tiempo bajó del 38.9 al 8.4 por ciento.

A pesar de las crisis y desbalances económicos tanto en México como en el mundo, yo diría que en buena medida esta reducción de la pobreza de manera generalizada se pude deber a la integración mundial de comercio, a la inversión privada y a la creación de empleos formales en nuevos sectores industriales antes no conocidos motivados por el avance tecnológico.

Ahora bien, sobre el tema de las Instituciones. Después de la crisis de credibilidad que enfrentó el inicio de la administración de Salinas de Gortari por “la caída” del sistema electoral, bajo la responsabilidad del entonces Secretario de Gobernación Manuel Bartlett, y dicho sea de paso, actual aliado de López Obrador y Director General de CFE, la administración de Salinas tuvo que contribuir en el rediseño del órgano electoral para asegurar la imparcialidad y fomentar la transparencia en el proceso de votaciones, a sabiendas de que perdería control y seguridad de triunfo para su partido en los resultados de los comicios tanto federales como locales siguientes.

En 1990, año en que el IFE inició actividades, teníamos en México solamente un estado que no era gobernado por el PRI, este era Baja California que en 1989 había vivido por primera vez la alternancia hacia el PAN (Ernesto Ruffo ganó las elecciones para la Gobernatura en verano de ese año). Guanajuato transitó hacia la alternancia en 1991, Chihuahua en 1992, Jalisco en 1995, el Distrito Federal en 1997, así como Nuevo León y Querétaro en ese mismo año, para finales de los noventa ya había 12 estados que habían pasado por al menos un proceso de alternancia en sus gobernaturas, aunque el PRI seguía teniendo mayoría.

Para finales de la primera década del 2000, ya teníamos 23 estados que habían experimentado la alternancia en las elecciones a gobernador, presidencias municipales y congresos locales. A la fecha, solamente el Estado de México y Coahuila siguen sin tener alternancia en sus gobernaturas.

Claramente el IFE y ahora el INE no son responsables de las elecciones locales; sin embargo, el andamiaje normativo federal y local, y la estructura que profesionalizó a los representantes de los órganos operadores de elecciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, si es resultado de los cambios que empezamos a ver con la creación del IFE en 1990.

No es mi intención probar con este artículo una correlación entre la reducción de la pobreza extrema en México y la fortaleza de nuestra institución electoral y la libertad democrática que hemos vivido en los últimos treinta años, pero creo que tampoco es tan descabellado pensar que hay cierta relación entre estos factores.

La inversión privada productiva, tanto doméstica como externa, crece cuando hay confianza en las instituciones, cuando hay libertad económica y seguridad política; la inversión productiva crea empleos, crea riqueza y ésta a su vez reduce la pobreza. La pobreza no se reduce solamente con dinero en efectivo a través de programas sociales, la pobreza se reduce creando oportunidades de trabajo y teniendo instituciones sólidas que defiendan nuestra libertad en el marco de la Ley.

Las instituciones se deben fortalecer con cambios y ajustes, por supuesto, pero manteniendo su autonomía, no quemando unas y creando otras sujetas al capricho de la autoridad presidencial como se plantea actualmente en México. Como dirían en mi pueblo “esa película ya la vimos” antes de la década de los noventa.

El autor es Decano Asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey.Pablo de la Peña

Decano Asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, profesor del Tec de Monterrey de Economía y de Gestión Pública Aplicada.