Va la austeridad en el Poder Judicial estatal
EN LA MIRA
SILVERIO QUEVEDO ELOX
Va la austeridad en el Poder Judicial estatal
Desde el inicio de la presente administración estatal y aún con Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia, IMAGEN DEL GOLFO publicó con datos específicos y detallados, los pagos millonarios que se realizaron en su momento a las empresas, por pedimento del entonces titular del Poder Judicial en Veracruz.
Tiempo después salió del encargo, afirman los que saben, como parte de una negociación política, y se ungió entonces en octubre del 2019 a la magistrada Sofía Martínez Huerta, que después terminaría en problemas por el mismo tema.
Entonces se lanzó la alerta pública con el trabajo periodístico del “gran negocio” que representaban las cinco ciudades judiciales a construir en el estado, y el millonario boquete para el sistema judicial, además de que quedaría empeñado por 30 años.
La olla de presión estalló hace unos días, y no se pudo soportar más la crisis económica que vive el Tribunal Superior de Justicia, por lo que se hizo público que existe un déficit inicial e inmediato de al menos 500 millones de pesos.
En menos de una semana se tomó la decisión de aplicar austeridad en el Poder Judicial, se cerraron los micro juzgados y se prescindió de decenas de trabajadores y se reubicaron inicialmente, quizá serán jubilados posteriormente, a igual número de jueces que estaban al frente de los sitios de impartición de justicia.
El fin de semana el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue haciendo reiterados llamados de las condiciones financieras del TSJE y de la necesidad de que los sueldos fueran reconsiderados en los tres poderes, principalmente también en ayuntamientos pero en alusión a que en el sistema judicial estaban excesivamente altos, y rebasan en mucho los ingresos mensuales del propio gobernador y el presidente de la República.
Este lunes la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, y los integrantes del Consejo de la Judicatura, aprobaron el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Entre otras cosas aplica principalmente la reducción salarial a lo que se habían negado jueces y magistrados lanzando voces en contra de que se les tocara sus “sagradas percepciones económicas” que en algunos casos y sumando prestaciones y demás llegaban a la onerosa cantidad de más de 350 mil pesos al mes.
El documento, según lo difundió el propio TSJE en un comunicado, da cuenta que el Plan de Austeridad surte efecto a partir de este 12 de julio, se aplicará de manera inmediata, con una reducción salarial desde un veinte y hasta el treinta por ciento, misma que fue aprobada de manera voluntaria, dice el boletín.
Asimismo señala que “a partir de ahora se aplicará la homologación de bonos, cancelación de vales de gasolina, así como, cancelación de fondos revolventes, vales y bonos extraordinarios. Además, se exhorta al personal administrativo y los de puestos de confianza, a aplicar una reducción en la misma medida, lo anterior sin incluir al personal de base y sindicalizados”.
Pues esto parece tratar de enderezar el barco, pero ojalá que no sea una medida al vapor, y que solo quede en ello, ante los reclamos que existen de asociaciones, colegios y barras de abogados, ante la situación que impera en el sistema de justicia, pero además por las carencias crónicas que se han venido presentando y que obstruyen una verdadera impartición de la misma en Veracruz.
MUY EN CORTO
AUSTERIDAD SIN AVISO EN EL OPLE. El Organismo Publicó Electoral (OPLE) ha estado según en su fase de austeridad pero que está afectando a los mismos presidentes de los organismos, empleados, aún cuando el proceso no concluye del todo.
Desde oficinas centrales determinaron dar de baja el internet y no le avisaron a los trabajadores, quienes dicen tienen que seguir enviando la información de expedientes y las facturaciones.
De acuerdo a los procedimiento del mismo organismo electoral, el proceso se abrió en noviembre del año pasado, concluyendo para los diputados locales el último día del mes de julio y para las alcaldías concluye el 15 de septiembre….es decir, aún no se cumple el plazo para darle cerrojazo final al proceso pero su actitud es como si quisieran todos desaparecer e irse a su casa.
Lo cierto es que cada empleado está pagando desde su celular el uso de datos para conectarse al internet y enviar la información, por lo que existe inconformidad.
La última que se sabe es que piensan “cortar” a todo el personal de los consejos distritales esta semana pasándose por el “arco del triunfo” la Ley.
